Impacto de la COVID 19 durante el año 2020 en República Dominicana

El objetivo del presente artículo, es el de analizar el impacto sanitario, social y económico de la COVID 19 en República Dominicana durante el año 2020; para esto se hizo una revisión documental de bibliografía disponible en el año 2020-21.

El 1 de marzo de 2020, República Dominicana confirmó el primer caso importado de la COVID-19; 10 días antes la Organización Mundial de la Salud (OMS) la había declarado como pandemia; ante esta situación, el 19 de marzo de 2020, se declara el estado de emergencia en el país, estableciéndose una serie de medidas de preparación, mitigación y contención con la elaboración del Plan de Contingencia ante Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) que contempló acciones de contención y cierre parcial o total de varias actividades esenciales, restricción de movimiento nacional, suspensión de docencia escolar y universitaria, interrupción del transporte colectivo urbano e interurbano y de los viajes por tierra, aire y mar, además del cierre de negocios y la promoción del teletrabajo. De esta forma, esto pasó de ser considerada una emergencia del sector salud a una crisis socioeconómica. Un año después, para el 28 de febrero de 2021 el país tenía acumulado un total de 239,998 casos confirmados y 3,106 fallecimientos, siendo los meses de julio y agosto de 2020 los de mayores tasas de positividad.

Los efectos totales estimados hasta diciembre del 2020 ascendieron a U$ 18,459 millones de dólares; el 80.3% correspondió a pérdidas y el 19.7% a gastos adicionales. El sector productivo (agricultura, industria, comercio y turismo) representó el 74.7% de los efectos totales; el social (salud, educación y cultura), el 23.3%; infraestructura (transporte y agua y saneamiento), el 2.0%; y ambiente, el 0.1%. Las medidas de mitigación implementadas mediante programas de protección social significaron gastos adicionales equivalentes al 11.9% de los efectos totales. De febrero a diciembre del 2020, el sector salud acumuló pérdidas y gastos incrementales que ascendieron a US$1,750 millones, de los cuales el 32% (US$593 millones) correspondió a pérdidas y el 68% (US$1,157 millones) a gastos adicionales en los diferentes componentes. La distribución de las pérdidas por componentes se concentró en producción y distribución de bienes y servicios de salud (47%); recursos, infraestructura y activos físicos del sector salud (5%); acceso de la población a bienes y servicios de salud (33%); gobernabilidad del sector (3%); e incremento de la vulnerabilidad y riesgos (12%).

A diciembre de 2020 se habían reportado 172,218 casos y el proceso de respuesta a la pandemia por la COVID-19 generó una demanda adicional de 14,601 personas de las cuales 10,743 fueron hospitalizadas, 146 requirieron servicios especializados debido a comorbilidades de alto costo y 3,712 fueron internados en Unidades de Cuidado Intensivo. Estos servicios adicionales requirieron de insumos y materiales para las pruebas de laboratorio, exámenes diagnósticos, materiales y dispositivos de protección personal y adquisición de medicamentos, y la contratación de recurso humano especializado y no especializado. Adicionalmente, se hizo urgente el reclutamiento, contratación y capacitación de recursos humanos para fortalecer la atención de los pacientes COVID-19, incluyendo médicos especialistas y subespecialistas, enfermeras, bioanalistas, gestores, entre otros; en total, se contrataron 3,738 personas durante el periodo analizado.

El segundo grupo de efectos, en importancia, corresponde a los gastos y costos en la ampliación de la capacidad instalada del sector, que incluye la ampliación del número de camas y la expansión, adecuación e instalación de nuevas UCI, y el costo por la pérdida del capital humano. Como respuesta a la pandemia, el número de camas de hospitalización se incrementó en 285 entre abril y diciembre del 2020, en 386 camas en Unidades de Cuidado Intensivo, y en 267 ventiladores. El costo total ascendió a US$85 millones. Las barreras que enfrentó la población y que influyó en su capacidad de cumplir con las medidas sanitarias y de distanciamiento social necesarias para evitar contagiarse de la COVID–19, fueron el hacinamiento en los hogares, la falta de ciertos servicios básicos como el agua, los sistemas de transporte y otros servicios relacionados con las condiciones de vida.

Como respuesta a la pandemia, el sector salud aumentó sustancialmente los servicios de atención a pacientes COVID-19. Al mismo tiempo, los demás servicios de salud fueron desacelerados o interrumpidos, debido a la reasignación de personal de salud a la atención de la COVID-19, y a la imposibilidad de desarrollar sus funciones por comorbilidades, así como cambios en los presupuestos de atención en salud. Se presentó una reducción sustancial en el desarrollo de programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, desaceleración de los programas de vacunación, salud materna, control prenatal, planificación familiar, detección y tratamiento de VIH, y control del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas. Aumentó la exposición al riesgo y efectos previsibles en comorbilidades, la aparición de problemas de salud mental, desnutrición infantil, crecimiento no saludable de menores y la reemergencia de enfermedades vectoriales.

El sistema de salud reflejó que el 8.7% de las mujeres embarazadas no tuvo acceso a controles médicos regulares, 26.4% de las personas con discapacidad reportó no tener acceso a medicamentos o terapias, 10.9% de niños y niñas menores de 5 años no acudió a recibir sus vacunas, 20% de personas mayores de 65 años no pudo acceder a servicios médicos y 77% de las mujeres no tuvo acceso a anticonceptivos. Se redujeron las acciones de detección y tratamiento de VIH y control del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas.

Como consecuencia de las medidas restrictivas por la pandemia de la COVID-19, muchas empresas suspendieron las labores de los trabajadores. Desde marzo de 2020, con el objetivo de mitigar los efectos de la pérdida de los ingresos laborales, se implementaron programas de apoyo a los trabajadores mediante el Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados (FASE) para los ocupados formales inscritos en la Tesorería de la Seguridad Social; y, el Programa de Asistencia al Trabajador Independiente (Pa´Ti) que incorporó a los trabajadores independientes con préstamos registrados en una entidad financiera o en algún programa del Estado. A pesar de las medidas de contención de los impactos en el mercado laboral, para septiembre de 2020 el número de personas ocupadas disminuyó en 335,674 y en la fase más dura de confinamiento, junio 2020, llegó a ser de 410,367. La tasa de ocupación de las mujeres disminuyó en 6.0% (septiembre 2020) comparado con una caída de 4.2% en hombres en el mismo período.

En el caso de la Seguridad Social se produjo una reducción de 285,000 cotizantes, comparado con el período octubre 2019 a octubre 2020. Una de las conclusiones importantes ha sido que las mujeres son las más golpeadas por la pandemia, tanto trabajadoras formales como informales; lo cual también se muestra al no poder regresar rápidamente a la fuerza de trabajo, ya que las barreras de acceso son más complejas para mujeres que para hombres.

Se ha estimado que, por efecto de la crisis de la COVID-19, la tasa de pobreza extrema aumentó de 3% a 8.2% (576 mil nuevos pobres extremos), y la de pobreza general de 21.4% a 34.6% (1.4 millones de nuevos pobres), con los programas de apoyo económico destinados a la población vulnerable y a los sectores productivos, como «Quédate en Casa», el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) y «Pa´Ti», se logró mitigar el aumento en la pobreza general y en la pobreza extrema. Para junio de 2020, la tasa de pobreza en las mujeres había aumentado 6.4 puntos porcentuales respecto a junio 2019 (cerca de 330 mil mujeres) y la de los hombres en 6.2 puntos (cerca de 320 mil hombres). Lo anterior confirma la tendencia a un incremento en el índice de feminización de la pobreza en el tiempo y el hecho de las desigualdades económicas y sociales que sufren las mujeres en comparación con los hombres.

Entre enero y octubre de 2020, la producción agrícola se redujo en 647 mil toneladas con relación al mismo período del año 2019 (-8.1%). Además, la producción pecuaria muestra diferentes tendencias, tales como un aumento en los rubros de la carne (cerdo, bovino), huevos y miel, y una disminución en pollos y leche. Con respecto al acceso, el Gobierno implementó acciones de distribución de alimentos a los hogares más vulnerables para mantener la disponibilidad alimentaria, para un aumento de 800 mil a 1.5 millones de hogares beneficiados con “Comer es Primero”, también se mantuvo el “Programa de Alimentación Escolar” del INABIE que benefició a 1.6 millones de estudiantes y sus familias; se continuó con el programa de los “Comedores Económicos”, que proporcionó 40 mil raciones alimenticias diarias en territorios urbanos seleccionados. Si bien estas acciones frenaron un posible aumento de la inseguridad alimentaria, la caída de la actividad económica y la disminución del ingreso per cápita de los hogares llevaron al incremento de la pobreza extrema y, por ende, afectaron el acceso económico a los alimentos.

Cabe destacar que las mujeres ocupadas en agricultura y ganadería son las que tienen menos capacidad para adquirir alimentos. Sus ingresos totales apenas alcanzaron para adquirir algo más de dos canastas básicas, con la posibilidad de alimentar calóricamente a esa cantidad de personas en su hogar y esta situación se potencializó por la COVID-19, ya que disminuyó la frecuencia con la que las mujeres pueden involucrarse en los procesos de comercialización, producto del cierre de las guarderías y escuelas, y porque culturalmente las mujeres cargan con el trabajo no pagado de supervisión de los menores de edad en el hogar y el cuidado de personas enfermas.

Según la Encuesta de Hogares Red Actúa (tercer corte a septiembre de 2020) se encontró que:

· Al 71.85% de las personas entrevistadas les preocupa que su hogar no tenga suficientes alimentos. Los hogares con jefatura femenina manifestaron una mayor preocupación (76.2%) que los hogares de jefatura masculina (67.34%).

· El 31% de los hogares indican que han reducido la porción o cantidad de comida servida.

· El 21.54% de los hogares reportó que en las últimas semanas han tenido que reducir el número de comidas por días.

· El 2.7% de los hogares ha pasado días enteros sin comer.

· Si bien la mayoría de las personas entrevistadas manifestaron que casi no se vio afectada la disponibilidad y calidad de los alimentos en los mercados, el 87.04% manifestó que los precios aumentaron.

· En el 54% de los hogares, donde hay al menos una persona LGBTI, han tenido que reducir el número de comidas al día debido a la reducción de ingresos42.

El impacto socio económico de la pandemia de la COVID-19 afectó de manera diferente a los diversos grupos poblacionales, los más vulnerables: las mujeres, los niños, los jóvenes, los adultos mayores y las personas con discapacidad han visto impactadas sus vidas como resultado de la pandemia, y son quienes tienen un mayor riesgo de sufrir pérdidas. Si bien los niños, niñas y adolescentes no son considerados un grupo de alto riesgo ante la COVID-19, el impacto socio económico en ellos fue significativo dada su situación de vulnerabilidad, algunos de los principales impactos sobre este grupo social fueron:

· 17 mil menores de 20 años fueron contagiados de COVID-19 a diciembre de 2020.

· Se limitó el acceso a servicios de salud; como resultado, el 10.85% de las personas entrevistadas manifestó que algún niño o niña menor de 5 años faltó a sus vacunas.

· Se presentó el cierre de instituciones educativas y de centros de cuidado para la primera infancia.

· El 57.4% de los NNA dedicaron tan solo de 2 a 4 horas a estudiar durante la cuarentena.

· Uno de cada cinco niños o niñas no tiene acceso a internet o una computadora

· Las pérdidas de aprendizajes de los y las estudiantes equivalente a 1.3 años de escolaridad ajustada en función de la calidad de aprendizaje, que podría pasar de 6.3 años a 5.4 años.

· A los 124 mil NNA entre 7 y 18 años fuera de la escuela, se le sumarían 17 mil después del inicio de la COVID-19, lo que representa un aumento del 14%.

· La composición social de los/las estudiantes que podrían desvincularse de la escuela es variada; estimándose 26% pobres, 60% clase media vulnerable y 15% clase media consolidada.

· El 61% de los y las estudiantes que podrían desvincularse de la escuela corresponde a mujeres y 39% a hombres.

Finalmente, el aumento del desempleo o pérdida de los medios de vida de familias con hijos e hijas en edad escolar pone en riesgo la continuidad de sus estudios, debido a la imposibilidad de sus familias de financiar los estudios o incurrir en los gastos en materia de adquisición de equipos tecnológicos y/o conectividad propios de la educación. En el caso de hogares más vulnerables, los y las estudiantes que desertan de la escuela lo hacen con el objetivo de contribuir en generar ingresos familiares que les permitan la subsistencia.

La población joven de la República Dominicana representa uno de los grupos poblacionales más importantes del país. En el 2019, los jóvenes entre 15 y 34 años en edad de trabajar, representaba el 48% de la población y el 56% de la Población Económicamente Activa (PEA). Si bien la situación de los jóvenes antes de la pandemia ya evidenciaba vulnerabilidades, el impacto de la COVID-19 empeoró sus condiciones de empleo, educación y derechos; se ha dado una reducción de 108 mil empleos ocupados por jóvenes entre 15 a 24 años. Asimismo, se estimó que 19 mil personas entre 18 y 23 años se sumarían a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Este incremento del abandono escolar se explica en parte por la necesidad de obtener recursos para apoyar en el hogar y por la pérdida de empleos. Por otra parte, la pérdida de oportunidades para las personas entre 18 y 20 años, generaría una reducción promedio de 6.2% en los ingresos de los próximos 20 años de su vida.

La reducción del ritmo de crecimiento de la población ha provocado un cambio en su estructura, con un envejecimiento creciente. Es así como la población mayor de 60 años representaba el 4.4% en el año 1950 y se estima que llegaría al 12% del total en el año 2025. Las personas adultas mayores (más de 65 años) son altamente vulnerables a la COVID-19, tanto por las preexistencias de enfermedades, como por su situación socioeconómica. Fue así como la tasa global de letalidad por COVID-19 de marzo a diciembre del 2020 fue de 1.4, equivalente a 231 personas muertas por millón de habitantes. Esta tasa podría llegar a incrementarse hasta 5 veces por las condiciones de salud preexistentes en personas adultas mayores. Dada la baja tasa de personas adultas que tienen acceso a una pensión y a que la pandemia ha provocado una reducción de los ingresos de los adultos mayores, se esperaría un incremento de la cantidad de personas que viven en condiciones de pobreza e indigencia monetaria. Asimismo, la saturación de los hospitales debido a la COVID-19 provocó que el 18.95% de las personas adultas mayores no pudieran acceder a sus servicios médicos y de cuidados. Adicionalmente, se estima que el distanciamiento físico pudo afectar la salud mental de estas personas, ya que en su mayoría viven solas y casi no utilizan las tecnologías para comunicarse.

Las personas con discapacidad representaron uno de los grupos de mayor vulnerabilidad ante la pandemia de la COVID-19, debido a las limitaciones en el acceso a servicios básicos de educación, salud, participación accesible y trabajo decente y formal. El impacto de la emergencia sanitaria es desproporcionado en este colectivo, que enfrenta barreras en términos del acceso a la información de salud pública, tiene dificultades para emplear algunas medidas básicas de higiene, mantener el distanciamiento social y obtener información del entorno. En el año 2013 existían en el país 709 mil personas con alguna discapacidad, que representaban el 7% de la población; de los cuales 230 mil eran niños y niñas de menos de 9 años y 94 mil personas de más de 60 años. El 41.2% de las personas con discapacidad no tiene seguro de salud y el 26.38% de las personas con discapacidades no tuvieron acceso a medicamentos ni terapias; valor que se incrementó al 29.2% en el caso de hogares con jefatura femenina.

En la República Dominicana, 209,664 personas tienen estatus de extranjeros, de los cuales el 98% son haitianos, 144 mil haitianos del Plan Nacional de Regularización (PNRE) habían perdido sus ingresos, no estaban cubiertos por los programas de protección y requerían de asistencia humanitaria; y hasta junio de 2020, más de 30 mil haitianos habían regresado voluntariamente a su país ante la crisis económica. Asimismo, cerca de 90 mil migrantes venezolanos fueron afectados de manera severa por la crisis sanitaria y socioeconómica, y de estos, el 87% no había podido acceder al apoyo económico ofrecido por el Gobierno a trabajadores informales y familias vulnerables, debido a su estatus irregular.

Boaz, A. y col. (2021) ALC Post COVID-19: Retos y oportunidades para países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana http://dx.doi.org/10.18235/0002375

CEPAL (2021) La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47301/1/S2100594_es.pdf

MEPyD (2021) Evaluación de necesidades de recuperación por los impactos de la COVID-19 https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/evaluacion-de-necesidades-de-recuperacion-por-los-impactos-de-la.html

Ministerio de Salud (2020, 2021) Boletines epidemiológicos https://digepi.gob.do/documentos-epidemiologicos/boletines/

Naciones Unidas (2021) Informe: El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe. https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2020/07/sg_policy_brief_covid_lac_spanish.pdf

PNUD (2021) Encuesta SEIA-RED ACTÚA https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/human_development/encuesta-seia-red-actua.html