Participación y movilización social para fortalecer los sistemas de salud

La salud colectiva enfrenta nuevos desafíos; la reemergencia de enfermedades infecciosas y los cambios en aspectos políticos, sociales y económicos que determinan la salud y la equidad en la salud de la población; a esto se suman los desafíos persistentes relacionados con las debilidades de los sistemas de salud.

Para hacerle frente a estos desafíos, se apuesta a desarrollar un conjunto de capacidades para fortalecer los sistemas de salud y garantizar un ejercicio pleno del derecho a la salud, actuando sobre las determinaciones sociales que tienen efecto en la salud de la población. Estas capacidades se enmarcan en diferentes etapas del ciclo de políticas: 1) evaluar el estado de salud de la población y los factores de la mala salud, 2) desarrollar políticas para fortalecer los sistemas de salud y abordar los determinantes, 3) asignar los recursos necesarios, y 4) garantizar el acceso a todas las intervenciones y servicios de salud pública.

La Participación y movilización social, inclusión de actores estratégicos y transparencia; comprende la acción de actores sociales con capacidad, habilidad y oportunidad para identificar problemas y necesidades, definir prioridades y formular y negociar sus propuestas en el desarrollo de la salud, de una manera deliberada, democrática y concertada. Abarca las acciones colectivas mediante las cuales la sociedad civil y la comunidad organizada intervienen e influyen directamente en la organización, el control, la gestión y la fiscalización de las instituciones y del sistema de salud en su conjunto.

En República Dominicana, la participación de la sociedad civil y de la comunidad en la formulación y el diseño de políticas en el ámbito de la salud se viene promoviendo desde la década de los años 70 y cada vez más, estos grupos han asumido de forma gradual un papel más activo en la generación de procesos de transformación del sistema de salud; pero, en muchos casos, los procesos de participación se han promovido principalmente desde las estructuras del poder, desde el Estado u organizaciones no gubernamentales que ejecutan proyectos con fondos públicos o de donantes y que no corresponden a esfuerzos propios de las organizaciones sociales.

La fragmentación y la limitada institucionalización de los procesos de participación, la participación de la comunidad como respuesta a exigencias circunstanciales provenientes de la lógica institucional, la falta de reconocimiento de las dinámicas territoriales, la inadecuada información, la falta de financiamiento y el mínimo alcance de la participación en la toma de decisiones son algunos de los principales problemas que afectan la participación social en salud en el país.

En ese sentido, se hace necesario que la sociedad civil y la comunidad se empodere, para que asuman su función de promover y exigir que las políticas de salud establezcan un contexto social, económico y ambiental en el que se garantice el derecho universal a la salud, además de asegurar que cuenten con mecanismos de financiamiento transparentes y equitativos, ajenos a los conflictos de interés.

Esta participación debe ir más allá de la mera representación de la sociedad civil y la comunidad, haciendo énfasis en la función central de la sociedad en la vigilancia social y en los mecanismos de rendición de cuentas, tanto del desempeño del Estado como del sector privado.